El informe del Centro Nacional de Desaparecidos con datos de 2017 revela que en Castilla y León hay 35 denuncias «activas» de menores que han desaparecido y sobre los que sus familias no tienen noticia alguna sobre su paradero. Dos son las provincias donde más denuncias de este tipo se han recogido por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Valladolid y Burgos que, con 8 denuncias cada una, casi suman la mitad de las desapariciones notificadas. Les sigue la provincia de Segovia, con 5, y luego Salamanca (4), Palencia (3) y Soria (3), Ávila (2) y León (2). Zamora fue la única provincia de la comunidad en la que el año pasado no se registró denuncia alguna por desaparición de niños o adolescentes.
Capítulo especial tiene la sustracción de menores, una conducta delictiva que puede cometer tanto el progenitor que no tiene la titularidad de la custodia del niño como el que sí la tiene. Y no solo los padres, sino otros parientes, como abuelos o tíos (hasta segundo grado de consanguinidad) pueden incurrir en este delito.
«La violencia en casa está detrás»»
Diana Díaz, la directora del teléfono Anar, un servicio de interés social europeo que gestiona esta Fundación desde 2010, señala que las llamadas que reciben no se corresponde con fugas de centros de menores sino que, en un alto porcentaje, tienen que ver con situaciones de violencia en el seno familiar. «Normalmente no son fugas, son desapariciones que no obedecen tanto a problemas de conducta como a situaciones muy conflictivas no resueltas en la familia que se enquistan y, muchas veces, de violencia en casa», señala esta psicóloga. Casi siempre son chicas adolescentes, que proceden de entornos diferentes, no siempre se trata de familias con problemas económicos. Más de la mitad son de nacionalidad española y viven con la madre. Tras su último informe, en el que se constata un progresivo incremento de dicha violencia contra los menores en las familias, la Fundación Anar ha puesto en marcha una recogida de 250.000 firmas para pedir al Gobierno que se tramite de urgencia una Ley Integral contra la Violencia a la Infancia y Adolescencia.
En Castilla y León, el año pasado se contabilizaron 8 denuncias por sustracción de menores: 2 en Ávila y el mismo número en Burgos y Valladolid, 1 en León y otra en Segovia. Se han incrementado respecto de 2016, cuando se contabilizaron 5 denuncias por secuestro parental de menores y se iguala el dato de 2012, de forma que el de 2017 es el más elevado de los registrados en el último lustro, aunque sigue estando muy por debajo de las cifras de sustracción de menores registradas en otras comunidades como Cataluña (67) y Andalucía (52).
Gratis y confidencial
Uno de los apoyos más sólidos en la detección e investigación de la desaparición de menores de que dispone el Ministerio del Interior desde 2010 es el teléfono gratuito y confidencial 116 000 de ámbito europeo que gestiona la Fundación Anar. Según su último informe, con datos de 2016, se recibieron de Castilla y León 189 llamadas, de un total de 2.211 registradas por desapariciones de 344 niños en toda España, tanto por fuga (57,85%) como por sustracción (17,4%), menores migrantes no acompañados (1,5%), pérdidas, accidentes (2,6%) y secuestros por terceros con fines criminales (0,9%). Así como entre los adultos son los varones los que engrosan la lista de desapariciones, en el caso de los menores la mayoría son chicas de 16 y 17 años (45,3%). Por debajo de los 7 años figuran los secuestrados por uno de sus progenitores (13,5%). En el 19,8% de los casos conocidos, estos chicos fueron expulsados de su hogar. Son casos especialmente difíciles de resolver.
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