Los abogados de familia avalan la actuación judicial en el caso de Juana Rivas

Unos 300 abogados de toda España han asistido este viernes a las VI Jornadas de Derecho de Familia, celebradas en Cádiz, criticando la «falta de infraestructuras» y la «desigualdad territorial» en la práctica del Derecho de Familia, y reclamando la «creación e implantación de una jurisdicción de Familia propia, independiente a la Civil».

Reunión esta mañana de los abogados de familia.

Las jornadas han sido organizadas por el Colegio de Abogados de Cádiz (ICA Cádiz) y la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), siendo el decano de los abogados de Cádiz, Pascual Valiente Aparicio, el que ha resaltado la «sensibilidad» de esta rama del Derecho y la «humanidad» que representa el ejercicio de la abogacía en cuanto a la defensa de los derechos y libertades de las personas.

«En Derecho de Familia hay un plus añadido, cuando nosotros vestimos la toga, los clientes depositan en nosotros temas tan importante como la maternidad, las relaciones padres e hijos, la custodia o la patria potestad», ha alegado Pascual Valiente.

Caso Juana Rivas

Una de las asistentes al acto fue la presidenta de Aeafa, María Dolores Lozano, que afirmó que la actuación de los tribunales españoles en el «caso de Juana Rivas» ha sido «correcta». Lozano ha subrayado que España «tiene la obligación de cumplir los reglamentos comunitarios».

Por ello ha hecho «lo correcto en este caso», en el que corresponde a un tribunal italiano decidir sobre la custodia de los dos hijos de Juana Rivas y su expareja, Francesco Arcuri.

Lozano ha aconsejado a los padres divorciados de distintos países que acudan a abogados especializados en los procesos para reclamar la custodia de sus hijos o su cambio de residencia porque hay que contemplar elementos de la legislación internacional.

«Ningún progenitor puede unilateralmente cambiar la residencia de sus hijos porque está cometiendo un ilícito y no se le puede amparar legalmente. Para cambiar la residencia de los hijos un país a otro, de una provincia a otra se precisa el consentimiento de los dos padres o una autorización judicial, si no es así se pone en marcha la maquinaria para que esos hijos vuelvan a su lugar de residencia. Todo lo demás no está bien hecho».

Falta de infraestructuras

Lozano Ortiz, además, ha partido una lanza a favor de sus compañeros de profesión y ha resaltado la «falta de infraestructuras» y la «desigualdad territorial» . «Desde Aeafa consideramos que no se respeta el principio de igualdad del ciudadano ante la ley ya que viene determinado por su lugar de residencia, donde no se dan las mismas infraestructuras».

«Es así porque no todo el territorio español tiene la misma Planta Judicial y esto afecta no solo a la celeridad, sino también a la seguridad jurídica. Por eso es necesario que se aborde, de una vez, la creación e implantación de una jurisdicción de Familia propia, independiente a la jurisdicción Civil», añadió.

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